San Andrés Tuxtla, Ver.– El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Rafa Fararoni Magaña, manifestó su respaldo a la iniciativa impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García para retirar la inmunidad procesal penal a presidentes municipales y síndicos en Veracruz.
Cuestionado durante una entrevista sobre la propuesta, el alcalde, quien también es diputado local con licencia, señaló que, de encontrarse actualmente en funciones dentro del Congreso del Estado, votaría a favor de la iniciativa.
“Yo soy diputado con licencia y si estuviera en el Congreso yo apoyaría al 100% la iniciativa que tiene la gobernadora”, expresó.
Fararoni Magaña consideró que existen mecanismos legales para que cualquier alcalde señalado pueda ejercer su derecho a la defensa ante una acusación, por lo que, desde su perspectiva, el fuero puede representar una protección que retrase determinados procedimientos.
“Al final existen los mecanismos de ley para que, en caso de alguna acusación, algún alcalde pueda defenderse de manera normal como cualquier ciudadano”, comentó.
El presidente municipal sostuvo además que quienes encabezan los ayuntamientos, al ser administradores y autoridades de primera instancia, deben estar sujetos a mecanismos de investigación y evaluación sobre el desempeño de sus funciones.
“Los alcaldes, al ser administradores y primeras autoridades, somos los primeros que debemos estar sujetos a que se nos investigue, se nos evalúe nuestro trabajo”, afirmó.
No obstante, aclaró que al momento de emitir su postura todavía no había revisado de manera completa el contenido de la iniciativa, aunque dijo conocer parte de su planteamiento a través de fichas informativas y medios de comunicación.
“La iniciativa que no la he leído de manera completa, pero he podido ver fichas informativas y a través de los medios de comunicación sobre lo que se propone, la apruebo completamente”, puntualizó.
La iniciativa enviada por la gobernadora plantea modificar el artículo 78 de la Constitución Política del Estado para eliminar la necesidad de una declaración de procedencia del Congreso local antes de proceder penalmente contra determinadas autoridades municipales por delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de su encargo. El proyecto se encuentra en análisis dentro del Congreso de Veracruz.
