Veracruz, Ver. — El caso del feminicidio de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, ha provocado una fuerte polémica, no solo por la violencia con la que fue asesinada, sino por las irregularidades detectadas en la presentación oficial de los resultados forenses.
Durante una conferencia de prensa realizada el lunes 28 de julio, la gobernadora Rocío Nahle presentó al médico José Eduardo Márquez Nava como “médico legista”, con el objetivo de respaldar la versión gubernamental de que la causa de muerte de la víctima fue un infarto, y no un asesinato directo. Nahle defendió la narrativa oficial y arremetió contra la cobertura mediática del caso: “Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo… aquí está el doctor que hizo la necropsia, él es”, afirmó.
En su intervención, Márquez Nava describió que la víctima sufrió múltiples agresiones físicas, pero afirmó que no presentaba lesiones internas en cráneo, tórax o abdomen, concluyendo que falleció por un infarto derivado del trauma físico.
Sin especialidad en medicina forense
Sin embargo, la información oficial fue puesta en duda tras revelarse que Márquez Nava no cuenta con formación en medicina forense ni con cédula como médico legista. De acuerdo con una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, el funcionario únicamente cuenta con una cédula como médico cirujano, expedida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (número 11155803), sin especialidades adicionales.
Medios como Milenio y Latinus confirmaron que Márquez Nava labora como médico de guardia para la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y que su participación en el caso se limitó a confirmar el deceso en el lugar del hallazgo. La necropsia oficial, indicaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, fue realizada por un médico forense certificado, cuya identidad no se reveló por razones de secrecía procesal.
Fuentes citadas por Milenio aseguraron que la Fiscalía declinó enviar al perito forense a la conferencia de prensa, para evitar comprometer el proceso judicial, por lo que el gobierno estatal decidió sustituir al especialista por un médico general sin facultades periciales, lo que representa una posible irregularidad legal y ética.
Críticas por revictimización y narrativa oficial
El caso ha generado reacciones de rechazo por parte de colectivos feministas, organizaciones civiles, familiares de víctimas y observadores políticos. Las críticas se enfocan en lo que consideran una narrativa oficial orientada a minimizar responsabilidades, revictimizar a Irma Hernández y desviar la atención del contexto de violencia sistemática que enfrentan las mujeres en Veracruz.
Irma Hernández Cruz fue secuestrada el 18 de julio por un grupo criminal, forzada a enviar un mensaje en video para presionar a otros taxistas a pagar extorsiones. Su cuerpo fue hallado sin vida seis días después, con signos visibles de violencia.
Durante la misma conferencia, la gobernadora afirmó: “La maestra fue violentada y después de ser violentada sufrió un infarto, les guste o no”. La declaración fue ampliamente condenada en redes sociales por su tono impositivo y revictimizante.
El caso se mantiene abierto, con exigencias crecientes por transparencia, acceso a la necropsia oficial y justicia plena para la víctima.
