Ciudad de México.— Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, documentó diversos casos de violencia, vigilancia, hostigamiento digital, procesos legales y señalamientos públicos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
El estudio, titulado Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, analiza si el conjunto de estas acciones podría constituir un patrón de persecución bajo los criterios establecidos en el Estatuto de Roma, tratado que rige a la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con el Human Rights Center, durante el periodo analizado fueron identificados 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados: 78 periodistas y 259 personas defensoras. El centro también examinó con mayor profundidad 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
La investigación aborda además el uso de tecnologías de vigilancia. Berkeley sostiene que el programa Pegasus continuó siendo utilizado contra periodistas y defensores durante ese periodo y que la documentación obtenida a partir de la filtración conocida como Guacamaya Leaks permitió a los investigadores reconstruir adquisiciones y operaciones de herramientas de vigilancia vinculadas con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otro de los apartados del estudio analiza las conferencias matutinas del entonces presidente López Obrador. El equipo de Berkeley utilizó herramientas de análisis sobre más de mil 400 conferencias y clasificó 2 mil 827 segmentos como expresiones de desacreditación o estigmatización contra periodistas, de acuerdo con su propia metodología. La investigación también examinó campañas de hostigamiento digital posteriores a estos señalamientos.
Berkeley plantea una posible revisión por parte de la CPI
El Human Rights Center señala que originalmente su investigación había sido concebida como una posible presentación ante la Corte Penal Internacional, pero que las sanciones estadounidenses contra integrantes de ese tribunal impidieron utilizar la vía que el equipo consideraba jurídicamente viable. Por ello, los investigadores hicieron públicos sus hallazgos mediante una plataforma que reúne bases de datos, expedientes y análisis para periodistas, organizaciones, investigadores y autoridades.
La investigación sostiene que la combinación de violencia física, vigilancia, hostigamiento, estigmatización y otros actos podría justificar el análisis de una posible persecución como crimen de lesa humanidad. Esta es una conclusión y propuesta de los investigadores; no constituye una resolución judicial ni significa que la CPI haya abierto una investigación contra López Obrador.
La propia Corte Penal Internacional establece que, antes de iniciar una investigación, su Fiscalía debe evaluar aspectos como la jurisdicción, la gravedad de los hechos, la admisibilidad —incluida la complementariedad con las investigaciones nacionales— y los intereses de justicia. Además, cualquier persona, grupo u organización puede proporcionar información a la Fiscalía, pero su recepción no implica automáticamente la apertura de una investigación.
Por ahora, el trabajo de Berkeley representa un análisis académico y una recopilación de evidencia que plantea una posible vía de revisión internacional, mientras que cualquier determinación sobre la existencia de un crimen de lesa humanidad y eventuales responsabilidades individuales correspondería a las autoridades judiciales competentes.
