Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que actualmente no existe un plazo legal para que el gobierno de Estados Unidos entregue evidencias relacionadas con las acusaciones que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al alcalde con licencia Juan de Dios Mendívil y a otros exfuncionarios de la entidad.
Durante su conferencia ante medios de comunicación, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre el supuesto vencimiento de un plazo de 60 días para la entrega de documentación por parte de las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum explicó que dicho término únicamente aplicaría dentro de un juicio formal de extradición, situación que, afirmó, no se encuentra vigente en este momento.
“No hay plazo, no hay plazo, habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, declaró la titular del Ejecutivo federal.
La presidenta precisó que lo que existe actualmente es una solicitud de detención provisional con fines de extradición promovida por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que consideró que aún no se ha iniciado un procedimiento formal que active los tiempos establecidos en el Tratado de Extradición entre ambas naciones.
Asimismo, sostuvo que hasta el momento el gobierno estadounidense no ha presentado evidencias que respalden las acusaciones contra los funcionarios señalados, por lo que consideró que no existen elementos suficientes para proceder con una detención provisional.
La mandataria destacó que la entrega de pruebas constituye un requisito fundamental dentro de cualquier procedimiento de extradición y reiteró que México actuará conforme a los mecanismos legales y diplomáticos correspondientes.
Respecto a los escenarios futuros, Sheinbaum señaló que, en caso de que la solicitud de detención provisional sea desestimada por falta de evidencias, Estados Unidos aún tendría la posibilidad de promover un juicio formal de extradición, proceso que implicaría la intervención de tribunales y el cumplimiento de plazos específicos establecidos en la legislación internacional.
El caso ha generado atención nacional debido a que involucra a figuras relevantes de la política sinaloense, entre ellas Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo de gobernador; el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia Juan de Dios Mendívil, además de otros exfuncionarios mencionados en el expediente que manejan autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, el gobierno federal ha mantenido una postura de cautela institucional, insistiendo en que cualquier actuación deberá sustentarse en pruebas formales y en el respeto a los procedimientos legales correspondientes.
Foto: Los Noticieristas
