Santiago Tuxtla, Veracruz. — Una revisión financiera realizada por el actual gobierno municipal de Santiago Tuxtla encendió las alertas sobre el manejo de los recursos públicos en la administración anterior, luego de detectarse un presunto daño patrimonial que podría superar los 133 millones de pesos.
El alcalde Noé Domínguez Cadena informó que las irregularidades surgieron tras auditorías internas aplicadas al cierre del gobierno encabezado por la exalcaldesa Brianda Kristel Hernández Topete.
De acuerdo con los primeros resultados, al menos 64 obras públicas ejecutadas entre 2024 y 2025 presentan inconsistencias administrativas y financieras, muchas de ellas presuntamente fuera de los lineamientos establecidos por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Tan solo en el rubro de infraestructura social, las observaciones detectadas superarían los 80 millones de pesos, lo que representa una de las principales áreas bajo revisión por parte del actual gobierno municipal.
A esta situación se suman adeudos fiscales heredados que ascienden a aproximadamente 53.7 millones de pesos, derivados —según explicó el alcalde— de obligaciones que estaban presupuestadas pero que no fueron pagadas por la administración saliente.
Entre los pendientes detectados se encuentran retenciones de ISR no enteradas al gobierno federal, falta de pago del impuesto estatal del 3 por ciento sobre la nómina, así como diversas obligaciones fiscales incumplidas con autoridades hacendarias estatales y federales.
Estas omisiones, advirtió Domínguez Cadena, ya están generando consecuencias para las finanzas del municipio, ya que las participaciones federales llegan con descuentos derivados de multas, recargos y créditos fiscales acumulados.
Ante este escenario, el alcalde anunció que en los próximos días se presentarán más de siete denuncias formales contra exfuncionarios de la administración pasada, por presuntos delitos como peculado, desvío de recursos, incumplimiento de un deber legal, omisión y corrupción.
Paralelamente, el Ayuntamiento iniciará procedimientos administrativos para buscar la inhabilitación de diversos exservidores públicos, entre ellos integrantes de la comisión de Hacienda, la exalcaldesa, el exsíndico, la exregidora primera, la excontralora, funcionarios de obras públicas y el extesorero municipal.
A este panorama se suma una observación adicional realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que reportó una posible irregularidad por 16 millones de pesos, considerada como falta grave, por lo que se ordenó abrir una investigación administrativa al área de Contraloría interna.
Mientras continúan las auditorías y revisiones, la actual administración municipal ha tenido que realizar ajustes extraordinarios para sostener las finanzas del Ayuntamiento, debido a los descuentos en participaciones federales generados por los adeudos heredados.
Pese a ello, el alcalde aseguró que su gobierno busca mantener estabilidad financiera y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Con millones de pesos bajo revisión, auditorías abiertas y denuncias penales en preparación, el caso comienza a perfilarse como uno de los procesos de fiscalización más relevantes en la historia reciente de Santiago Tuxtla, cuyo desenlace dependerá ahora de las autoridades encargadas de investigar y sancionar posibles responsabilidades.
