Washington, D.C. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda del Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson, Glock, Beretta y Colt, a quienes responsabilizaba por el tráfico ilegal de armas utilizadas por los cárteles de la droga en territorio mexicano.
La sentencia, redactada por la jueza Elena Kagan, señala que México no logró demostrar de manera plausible que las empresas hayan “ayudado e incitado” directamente a la venta ilegal de armas a traficantes. El tribunal subrayó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) impide este tipo de demandas si no se puede probar una colaboración directa y consciente con actividades delictivas.
“México no ha alegado adecuadamente que los fabricantes participaron en ventas ilegales como algo que desearan y pretendieran realizar”, precisa el fallo.
El Supremo también indicó que la estructura del mercado de armas en EE. UU., que opera a través de intermediarios mayoristas, complica aún más la acusación de que los fabricantes suministran directamente a distribuidores “sin escrúpulos”.
Aunque el tribunal reconoce que los fabricantes podrían hacer más para evitar el desvío ilegal de sus productos, considera que esa omisión es un acto de indiferencia, no de complicidad legal.
México argumentó que las prácticas de diseño y comercialización de algunas armas parecían dirigidas a los cárteles, pero el Supremo respondió que esos productos son legales y populares entre consumidores comunes.
Este fallo anula la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que permitía continuar con la demanda, y representa un duro revés para el Gobierno mexicano, que buscaba miles de millones de dólares en compensaciones y una orden judicial que impusiera controles adicionales sobre el comercio de armas en EE. UU.
México mantiene otra demanda abierta contra cinco distribuidores de armas en Arizona, aunque este veredicto del Supremo podría sentar un precedente que condicione ese caso.
