La Cámara de Diputados aprobó las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales, que consuman la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En su lugar, se creará el organismo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría Anticorrupción.
El dictamen, avalado con 331 votos a favor y 126 en contra, fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. La nueva legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que la Secretaría Anticorrupción administrará la Plataforma Nacional de Transparencia, gestionará medios de impugnación y supervisará los portales de obligaciones de transparencia.
Nuevas obligaciones de transparencia
La ley obliga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos y partidos políticos, a publicar información sobre remuneraciones, gratificaciones, primas, dietas, bonos, gastos de representación y viáticos de los servidores públicos. También deberán divulgar el número total de plazas, contrataciones por honorarios, declaraciones patrimoniales, metas y objetivos de programas, e indicadores de temas de interés público.
Sin embargo, la ley define como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social, o que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona. No se considerará reservada la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción acreditados.
Ahorro y críticas
Ricardo Mejía, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80% del trabajo del INAI con solo el 35% de su costo, lo que generará un ahorro anual de casi mil 100 millones de pesos. Claudia Rivera, diputada de Morena, defendió la extinción del INAI, calificándolo como un instituto caro, burocrático y opaco, y afirmó que las nuevas leyes promueven una “auténtica transparencia”.
Por su parte, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma. Éctor Jaime Ramírez (PAN) advirtió que se coloca “el último clavo al ataúd” del combate a la corrupción, mientras que Arturo Yáñez (PRI) denunció que la reforma centraliza el control de la información en el Ejecutivo. Laura Ballesteros (MC) presentó una moción suspensiva, argumentando que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia.
Impacto en casos emblemáticos
Los críticos señalaron que la reforma podría afectar el acceso a información sobre casos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la compra de medicamentos. Además, se cuestionó cómo se manejarán casos como el del rancho Teuchitlán, Jalisco, donde familias de desaparecidos han utilizado la transparencia para obtener datos de investigaciones.
Con esta reforma, el gobierno federal busca simplificar la administración de la transparencia, pero sus detractores advierten que podría debilitar la rendición de cuentas y favorecer la opacidad.
