Por: Redacción
En el ejercicio del periodismo, la crítica al poder público no solamente es legítima: es necesaria. Los gobiernos deben ser observados, cuestionados y llamados a rendir cuentas por sus decisiones, sus omisiones y los resultados de su gestión. Sin embargo, entre ejercer una crítica periodística y convertir cualquier acontecimiento en un argumento para desacreditar a una administración existe una diferencia que no debería pasarse por alto.
En Santiago Tuxtla, algunas publicaciones han puesto sobre la mesa una discusión que va más allá de las diferencias con el alcalde Noé Cadena: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un gobierno municipal y en qué momento la crítica pierde sustento cuando se pretende atribuirle toda clase de acontecimientos?
Un incendio, un accidente o una contingencia pueden convertirse rápidamente en tema de conversación pública. Informar sobre ellos es parte de la labor de los medios de comunicación. Cuestionar la actuación de las autoridades cuando existen elementos para hacerlo también lo es. El problema aparece cuando el señalamiento precede a la investigación y la conclusión se presenta antes de conocer los hechos.
No todo lo que sucede en un municipio es consecuencia de las decisiones de su alcalde. Tampoco todo acontecimiento adverso representa, por sí mismo, una prueba de negligencia gubernamental.
En materia de Protección Civil, por ejemplo, hay fenómenos naturales, accidentes y emergencias cuyas causas pueden escapar al control directo de las autoridades. Esto no significa que los gobiernos estén exentos de responsabilidad: tienen obligaciones de prevención, coordinación, atención y respuesta, de acuerdo con sus atribuciones. Pero para determinar si existió una falla es necesario conocer qué ocurrió, qué medidas correspondían, cómo se actuó y si hubo alguna omisión demostrable.
Esa es precisamente la diferencia entre informar sobre una emergencia y utilizarla como punto de partida para una acusación sin sustento suficiente.
El periodismo crítico no necesita suavizar sus cuestionamientos ni conceder privilegios a los funcionarios. Por el contrario, su fortaleza radica en exigir explicaciones con datos, contrastar versiones y señalar responsabilidades cuando existen elementos que las acrediten. Una crítica bien documentada puede resultar incómoda para cualquier gobernante, pero conserva su valor porque se sostiene en hechos.
En cambio, cuando cada incidente se interpreta de antemano como una muestra del fracaso de una administración, el análisis corre el riesgo de quedar subordinado a una narrativa previamente construida. En ese escenario, los hechos dejan de examinarse por lo que son y comienzan a utilizarse únicamente por lo que parecen aportar a una acusación.
Esto tampoco significa que Noé Cadena, como alcalde de Santiago Tuxtla, deba quedar al margen del escrutinio público. Su gestión, como la de cualquier servidor público, debe evaluarse con rigor. Si hay deficiencias en los servicios, fallas en la atención de emergencias o decisiones cuestionables, corresponde investigarlas y exponerlas. Pero también debe existir disposición para reconocer cuando no hay evidencia suficiente para atribuirle una responsabilidad.
La exigencia debe ser la misma para todos: ni indulgencia por simpatía política ni condena por antipatía personal.
En tiempos en los que una publicación puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos, la responsabilidad de quien informa no termina con conseguir atención o provocar una reacción. También implica distinguir entre hechos comprobados, opiniones e inferencias; evitar presentar sospechas como certezas y ofrecer contexto para que la ciudadanía pueda formarse su propio criterio.
Porque cuestionar al poder es una tarea necesaria, pero hacerlo con rigor es lo que distingue al periodismo de la descalificación.
Al final, la ciudadanía no necesita medios que aplaudan a los gobiernos ni espacios que encuentren un culpable antes de conocer las circunstancias. Necesita información que permita evaluar, preguntar y exigir cuentas con fundamento.
La crítica es indispensable para la democracia; la crítica sin sustento, en cambio, corre el riesgo de convertirse en ruido. Y cuando el ruido sustituye a los hechos, quien pierde no es un alcalde ni un medio de comunicación: es la sociedad que tiene derecho a estar informada.
