Xalapa, Ver.— Los exalcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, estarían fuera de localización mientras preparan sus respectivas defensas ante las investigaciones que mantiene en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así lo declaró el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, quien señaló que ambos exfuncionarios se encuentran separados de sus cargos luego de que el Congreso local aprobó retirarles el fuero constitucional el pasado 5 de agosto.
“Ahorita hay dos que están precisamente haciendo su defensa o prófugos porque están haciendo su defensa según ellos”, declaró Ahued Bardahuil al ser cuestionado sobre el paradero de los exalcaldes.
El funcionario estatal indicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar su localización y continuar con las investigaciones correspondientes. Tras los desafueros, los ayuntamientos quedaron a cargo de sus respectivos suplentes.
¿De qué se les investiga?
Raúl González Martínez enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido en junio de 2026. El Congreso de Veracruz aprobó retirarle la inmunidad procesal con 40 votos a favor y ocho en contra.
Por su parte, Bertín Bravo Montero es investigado por su presunta participación en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026.
Ambos han rechazado los señalamientos. Después del desafuero, González Martínez sostuvo públicamente su inocencia y afirmó que se concentraría en su defensa por las vías legales.
Desafuero no implica culpabilidad
El Congreso de Veracruz aprobó el retiro del fuero constitucional de ambos alcaldes mediante 40 votos a favor y ocho en contra. La medida permitió que la Fiscalía continuara con las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
El desafuero no constituye una declaración de culpabilidad; se trata del retiro de la inmunidad procesal que protegía a los funcionarios mientras ocupaban el cargo, por lo que serán las autoridades competentes las que determinen su situación jurídica.
Mientras tanto, Ricardo Ahued afirmó que en Veracruz “no hay impunidad para nadie” y sostuvo que corresponderá a la Fiscalía determinar las acciones que procedan en ambos casos.
