El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar en todo el país el delito de extorsión y endurecer sus sanciones, con penas que en los casos más graves —como los “monta-choques” o las extorsiones operadas desde prisión— alcanzarán hasta 42 años de prisión.
La Cámara alta corrigió la minuta enviada por la Cámara de Diputados y elevó el rango penal del tipo básico de 6–15 años a 15–25 años, con el objetivo de evitar reducciones que pudieran permitir la liberación anticipada de personas sentenciadas en distintos estados.
Con esta decisión se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de modificarse el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas disposiciones vinculadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y el Poder Judicial.
Definición única de extorsión en todo el país
Por primera vez se establece un solo tipo penal para todo México. La extorsión queda definida como obligar a una persona —sin derecho— a dar, hacer, omitir o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o generar daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Tres niveles de penas agravadas
El Senado aprobó un esquema escalonado de sanciones:
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19 a 33 años: extorsiones continuas; cobros a comerciantes o productores; imposición de precios; uso de terceros sin conocimiento; aprovechamiento de instituciones públicas; presión a autoridades o candidatos; o exigencias de dinero en situaciones de riesgo.
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20 a 37 años: cuando la víctima sea migrante, menor, adulto mayor, embarazada o persona de confianza; uso de datos personales o imágenes; medios electrónicos; simulación de secuestro; o empleo de intermediarios para recibir pagos.
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31 a 42 años: en casos con violencia física o moral; “monta-choques”; uso de armas; aparentar pertenencia criminal; censura a periodistas o defensores; participación de servidores públicos; comisión desde prisión; o afectación a la economía comunitaria, entre otros supuestos.
Otras responsabilidades y sanciones
La reforma establece:
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4 a 12 años de cárcel para quienes colaboren en actos de extorsión.
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4 a 16 años para servidores públicos que filtren información.
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10 a 20 años para quienes omitan denunciar.
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6 a 12 años a quienes introduzcan dispositivos electrónicos a penales.
Si intervienen funcionarios o personas privadas de la libertad, las penas podrán incrementarse hasta 50%.
Unidades especializadas y control en penales
Las fiscalías deberán crear unidades especializadas contra la extorsión y, en tanto se habilitan, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro. Asimismo, la legislación ordena el bloqueo de comunicaciones en centros penitenciarios, identificados como un punto crítico en la generación de extorsiones telefónicas.
Ajustes del Senado
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que se realizaron 15 modificaciones clave, entre ellas el aumento de penas para evitar liberaciones, el ajuste de agravantes para su correcta aplicación, la revisión de criterios probatorios, la reincorporación de sanciones a servidores públicos omisos y la eliminación de beneficios preliberatorios.
Corral aseguró que la nueva normativa “cierra todas las rendijas a los extorsionadores” y busca unificar criterios para reducir la impunidad.
COPARMEX pide mayores sanciones
Durante el análisis, la COPARMEX reiteró su demanda de mayores penas contra la extorsión, al considerar que este delito continúa afectando gravemente a comercios y empresas en distintas regiones del país.
