Ciudad de México.–
Alrededor de 60 renuncias se han registrado en el Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades al interior del organismo. Este martes se confirmó la salida de cuatro funcionarios de alto nivel, tres de ellos vinculados con la administración de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.
Entre las funcionarias que dejaron sus cargos se encuentra Rebeca Fernanda López Aguirre, quien se desempeñaba como directora de Transparencia. Su incorporación al INE ocurrió durante la gestión de Taddei; anteriormente había trabajado como asesora jurídica en la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora.
También presentaron su renuncia Anahí Silva Tosca, directora de Asuntos Jurídicos, y Fernanda Romo, titular de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
A estas salidas se suma la de Mario Alejo, quien encabezaba la Unidad Técnica de Fiscalización y cuya designación se realizó a propuesta del consejero electoral Jorge Montaño. Su salida ocurre después de las críticas de partidos políticos por el retraso en la implementación del nuevo sistema de fiscalización que utilizará el instituto durante el próximo proceso electoral.
De acuerdo con la información difundida, las aproximadamente 60 bajas registradas en el organismo no corresponden exclusivamente a funcionarios identificados con Guadalupe Taddei. Entre ellas también figuran personas que decidieron separarse de sus puestos por motivos personales o profesionales, así como otras cuya salida habría sido solicitada debido al desempeño de sus respectivas áreas.
En tanto, dentro de la Junta General Ejecutiva permanecen cinco perfiles identificados como cercanos a la expresidenta del INE, entre ellos Roberto Félix, quien ocupa la Secretaría Ejecutiva.
Los recientes movimientos administrativos se producen en un escenario de tensión y cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo electoral, luego de que trascendieran señalamientos sobre una presunta red de corrupción cuya existencia y responsabilidades deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.



